¿Quién paga qué por la movilidad urbana? De la formulación de políticas de financiación a la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Las ciudades de todo el Sur Global están creciendo rápidamente, y también la demanda de desplazamientos. Sin embargo, una pregunta sigue complicando incluso los planes de movilidad bien diseñados: quién paga qué, a través de qué mecanismos y con qué previsibilidad a lo largo del tiempo.
«Who Pays What for Urban Mobility?» de MobiliseYourCity responde a este reto mediante una estructura en dos volúmenes que refleja cómo se desarrollan en la práctica las decisiones de financiación. El Volumen I apoya a los responsables de la toma de decisiones en el diseño de una política de financiación de la movilidad urbana coherente con los objetivos locales, los arreglos institucionales y la realidad fiscal. El Volumen II se basa en esa base para explorar cómo las ciudades pueden aumentar los recursos y optimizar las necesidades financieras, de modo que los sistemas de movilidad se mantengan financieramente sostenibles año tras año.
Esta edición es la tercera de una serie de publicaciones de referencia ampliamente utilizadas, desarrolladas originalmente por AFD y CODATU. Se basa en ediciones anteriores publicadas en 2009 y 2014, tituladas Who pays what for urban transport? Handbook of good practices, y se actualizó con el apoyo de AFD para reflejar mejor las circunstancias actuales. Una evolución clave es el cambio de alcance y de título, de «transporte urbano» a «movilidad urbana». Esto refleja un cambio de paradigma más amplio, pasando de un enfoque centrado principalmente en redes y modos a un enfoque más integrado que considera el acceso, las necesidades de los usuarios y la inclusión, con implicaciones claras para cómo se definen las responsabilidades, los beneficiarios y las opciones de financiación.
Un mensaje central de esta nueva edición es que la financiación no es una nota técnica al pie. Casi en todas partes, el transporte público opera con una brecha de viabilidad: los ingresos tarifarios por sí solos no cubren todos los costes de operación, mantenimiento y renovación. Reducir esta brecha exige decisiones explícitas sobre los niveles de servicio, la asequibilidad y la escala y el propósito del apoyo público. En muchos contextos, los patrones históricos de gasto no han favorecido esa coherencia, a menudo priorizando la infraestructura vial, mientras que la financiación del transporte público formal sigue siendo volátil y el transporte informal (paratránsito) recibe un apoyo limitado. Estos patrones también tienen implicaciones de equidad, incluidos efectos de género cuando las necesidades de movilidad se atienden de forma desigual. Tratar el «quién paga qué» como una cuestión de política pública es, por tanto, esencial, porque la financiación determina lo que se construye, quién puede acceder a los servicios y si los sistemas pueden mantenerse y mejorarse con el tiempo.
El primer paso es diseñar una política de financiación que realmente pueda implementarse. El Volumen I plantea la financiación como una secuencia de decisiones, en lugar de una búsqueda de instrumentos aislados. Propone tres preguntas orientadoras:
- ¿qué financiación ya está asignada al sector y por cuánto tiempo?
- ¿qué arreglos institucionales e instrumentos existen para canalizar o subvencionar recursos?
- ¿qué fuentes adicionales de financiación podrían movilizarse de manera realista?
A continuación, estructura el panorama de recursos distinguiendo entre beneficiarios directos, beneficiarios indirectos y presupuestos públicos, un enfoque que ayuda a clarificar quién se beneficia, quién contribuye y dónde pueden estar apareciendo brechas o incoherencias.
Este marco importa porque la política de transporte público implica compromisos inevitables. El Volumen I propone un triángulo práctico para hacer explícitas estas tensiones: asequibilidad para los usuarios, densidad de la oferta (calidad y cantidad del servicio) y sostenibilidad presupuestaria para las autoridades públicas. Aumentar la oferta o reducir las tarifas rara vez es viable sin subsidios adicionales o mejoras medibles en la eficiencia. Hacer visibles estas limitaciones desde el inicio ayuda a evitar estrategias que parecen atractivas sobre el papel pero se vuelven financieramente frágiles durante la implementación.
La política tarifaria se aborda en la publicación como un instrumento estratégico, más que como una decisión puramente de precios. Vincula la inclusión social y la asequibilidad con la eficiencia económica y los objetivos ambientales, y moldea tanto el desempeño financiero como los resultados en materia de equidad. La publicación destaca que las estructuras tarifarias pueden tener efectos distributivos, también para grupos con patrones de movilidad específicos como las mujeres, los niños y las personas con movilidad reducida, y que las decisiones tarifarias a menudo interactúan con medidas más amplias de gestión de la demanda que afectan a los modos motorizados privados.
Una vez que existe una política de financiación coherente, el segundo paso es fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de movilidad a lo largo del tiempo. El Volumen II comienza aclarando términos: funding se refiere al dinero disponible para pagar la movilidad, mientras que financing se refiere a cómo se equilibran los gastos y los ingresos en el tiempo, pudiendo utilizar instrumentos reembolsables. A partir de ahí, traza un amplio espectro de mecanismos potenciales de funding y financing relevantes para las inversiones y la operación de la movilidad urbana, y subraya que definir la “mezcla adecuada” debe comenzar con un análisis sólido, en particular para evitar subestimar las necesidades futuras de mantenimiento o sobreestimar los requerimientos de inversión en relación con la demanda, ambos factores que pueden aumentar la dependencia a largo plazo del apoyo público.
El Volumen II estructura después la acción en torno a tres palancas que pueden reducir la presión financiera y mejorar la viabilidad a largo plazo. La primera palanca es mejorar el desempeño financiero mediante la eficiencia, vinculando el desempeño global con la eficiencia de costes, la eficiencia comercial y la tarifa efectiva media, y traduciendo estas relaciones en orientaciones operativas prácticas. La segunda palanca es aprovechar la financiación privada de forma responsable, incluida a través de asociaciones público-privadas, poniendo énfasis en la importancia de la capacidad institucional, la solidez jurídica y una asignación clara de riesgos, y señalando cómo los marcos contractuales influyen en si las autoridades pueden capturar ganancias de eficiencia. La tercera palanca es reducir los costes de financiación mediante mecanismos adicionales, incluida la financiación relacionada con el clima, que puede mejorar la viabilidad de los proyectos en las condiciones adecuadas.
En conjunto, los dos volúmenes respaldan una ruta disciplinada: definir objetivos que se ajusten a las realidades de gobernanza y fiscales; aclarar responsabilidades y la lógica de financiación entre beneficiarios y presupuestos públicos; reconocer los compromisos entre asequibilidad–servicio–presupuesto; y luego reforzar la sostenibilidad a largo plazo mejorando el desempeño, estructurando cuidadosamente el financing y reduciendo los costes de financiación cuando sea pertinente. La contribución clave es metodológica: en lugar de multiplicar herramientas, ayuda a las ciudades a alinear los objetivos de política, la capacidad institucional y el desempeño operativo, de modo que las decisiones de financiación sean coherentes, transparentes y duraderas.
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